Art. de Opinión: Análisis sobre la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas y Reparación e Indemnización a las Víctimas, período 1958-1998

Rodolfo Montes de Oca

El proyecto de Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas y Reparación e Indemnización a las Víctimas, período 1958-1998, conocido como Proyecto de Ley contra el Silencio y el Olvido, aprobado en primera discusión ante la Asamblea Nacional el 21 de junio de 2011, más que ser una iniciativa orientada a la reconciliación, al reconocimiento y resarcimiento de víctimas de persecuciones políticas, desapariciones forzadas y crímenes cometidos por agentes del Estado, busca la apertura de nuevos procedimientos judiciales e investigaciones dejando inexplicablemente por fuera los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez[1] o los posteriores al año 1999[2].

Entre las finalidades del proyecto se enuncia  la identificación de los autores de violaciones de derechos humanos, como expresión de prácticas de “terrorismo de Estado”. El proyecto califica como tal a los actos de violencia por razones políticas, planificadas y ejecutadas por el Estado, amparados en la doctrina anticomunista[3].

Esto se corresponde con el funcionamiento dentro del Ministerio Público de una oficina encargada de las investigaciones por los crímenes cometidos por agentes del estado en las décadas de los años 60, 70 y 80[4]. De hecho, la Fiscal General de la República, la Dra. Luisa Estela Morales es una de las principales propulsoras del proyecto de Ley.

Articulado del proyecto

El proyecto está estructurado en 4 capítulos. El primero de ellos ofrece una serie de definiciones, así como la enunciación de los objetivos generales de la ley.

El segundo capítulo contempla la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia[5]. Esta será la encargada de recopilar información sobre las víctimas, para facilitar la reparación de los daños; de la recepción de denuncias y apertura de investigaciones para remitir las resultas al Ministerio Público; y de brindar ayuda en la localización de los restos de aquellas personas que fallecieron como consecuencia de torturas o crímenes definidos en el texto del proyecto, tales como desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y masacres.

Llama la atención que la ley le otorgue a la comisión potestad para dictar normas que establezcan los medios para la reparación de las víctimas, como una especie de potestad reglamentaria de la Ley, así como para el rescate de la memoria histórica, pues  a su cargo se encuentra la formación de archivos y registros sobre víctimas de violaciones a derechos humanos en el período 1958-1998.

Asimismo, la Comisión editará una publicación donde difundirá los acuerdos, resoluciones, sentencias judiciales y medidas vinculadas con los objetivos de la Ley.  El capítulo tercero está dedicado a la reparación y resarcimiento de los daños a los familiares de las Victimas.

Se contemplan una serie de reparaciones de índole moral a la víctima, tales como: declaratoria pública de los desaparecidos como combatientes por la democracia popular, liberación nacional y socialismo; esclarecimiento de acusaciones fraudulentas contra las víctimas; nulidad de medidas administrativas o judiciales que menoscaben  el ejercicio de derechos civiles y políticos de las víctimas, entre otras.

No queda muy claro cómo se llevará a cabo la reparación de índole económica, pues al respecto el artículo 17 del proyecto tan sólo permite vislumbrar que la misma será determinada en los procedimientos penales que al efecto se lleven a cabo, con la presencia de la Procuraduría General de la República en representación de los intereses del Estado. Las reparaciones previstas en el Proyecto van dirigidas tanto a las víctimas directas, como a sus familiares (artículo 19).

Finalmente, el capítulo cuarto habla sobre la documentación y rescate de la memoria histórica vinculada con las víctimas de la violencia de Estado durante el período 1958-1998. Esto incluye la creación y actualización de archivos, la demarcación de lugares y realización de eventos públicos.[6]


[1] Durante el periodo de 1948 hasta 1959 se realizaron cotidianas violaciones de los Derechos Humanos, Políticos y Civiles de varios ciudadanos por su militancia partidista contraria a la Administración Militar. Muchos de los casos entre los que cuenta la creación de centros de reclusión como Guasina, la ejecución de cuadros políticos y militares (Casos Leonardo Ruiz Pineda o Wilfredo Omaña) o la expulsión del país. Al respecto la mejor recopilación sobre las violaciones cometidas contra ciudadanos, se encuentra en el libro “Los Archivos del Terror: 1948-1958, la década trágica” de José Agustín Catalá, editado por la Gobernacióndel Estado Miranda. 1998.

[2] Durante los últimos 12 años de Administración Bolivariana, se han realizado violaciones de Derechos Humanos como son los Casos de Ejecución y Desaparición Forzada de personas durante el deslave de Vargas en Diciembre de 1999, la presencia de grupos para-policiales en Guarico y Zulia conocidos como “Exterminio”, tortura (Caso del soldado Wildre Granado) así como la violación del debido proceso de civiles (Casos jueza Afiuni, Rubén González y Sabino Romero)

[3] Los casos de desaparición  forzada y ejecuciones sumariales que se pueden investigar se enmarcan dentro del contexto de la repuesta gubernamental iniciada por las Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia contra los grupos subversivos (FALN y sus derivados: PRV, Punto Cero, OR, GCR, BR-FAS y BR-ML) dentro del contexto de una guerra de guerrillas que se extiende desde el periodo de 1961 con la plenaria del Partido Comunista de Venezuela donde se decide iniciar la lucha armada hasta 1994 con la desmovilización del Frente Américo Silva de Bandera Roja.

[4] Algunos de los hechos mas sonados fueron la tortura y ejecución de guerrilleros en los Teatros de Operaciones (TO), el del profesor Alberto Lovera, los hermanos Bottini Marin, Jorge Rodríguez (padre), la masacre de Cantaura, Yumare y El Amparo, entre otras.

[5] Esta iniciativa se asemeja a la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR) del Perú. Que estuvo encargada de elaborar un informe sobre la violencia armada interna, vivida en el país andino durante 1980 y 2000. Fue creada en junio de 2001 por el presidente provisional Valentín Paniagua, convocando a diferentes miembros de la sociedad civil. Además de investigar la violencia terrorista del Partido Comunista del Perú (PCP-Sendero Luminoso) y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru(MRTA), profundizo en las causas que generaron la violencia y en la dura represión militar contra estos movimientos armados, que cobró principalmente víctimas civiles. Para ello, recogió el testimonio de 16985 personas y organizó 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9500 personas. El Informe Final se hizo público el 28 de agosto del 2003, ante el presidente peruano Alejandro Toledo. Otro ejemplo pero que no se concreto fue la Comisión de la Verdad que se propuso crear en Venezuela después de los sucesos del 11,12 y 13 de Abril de 2002 que convulsionaron el país.

[6] Sobre esto el oficialismo ha realizado pequeños experimentos como es la adecuación del Cuartel San Carlos, antigua prisión política en la Fundación Anti-imperialista “Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez”, donde funciona un museo en memoria de los detenidos y desaparecidos durante la lucha armada.

[7] La Guerra Civil que asolo España desde 1936 hasta 1939, no solo confronto a dos bando uniforme en el campo de batalla (republicanos contra fascistas) sino que en la retaguardia, las traiciones y enfrentamientos entre las tendencias que conformaban los bandos en guerra se saldaron con situaciones trágicas. Vgr: Los sucesos de mayo 1937 que fue una serie de enfrentamientos sucedidos principalmente entre el 3 y el 8 de mayo de 1937 en diversas localidades de las provincias de Cataluña, con epicentro en la ciudad de Barcelona, que enfrento a los grupos Anarquistas y Trotskistas (partidarios de la Revolución Social), por un lado, y al Estado republicano, la Generalidad de Cataluñay el Partido Comunista, por el otro. Fue el punto culminante del enfrentamiento entre la legalidad republicana de la preguerra y la transformación radical que pretendían los alzados, situación que estaban en roce constante desde el 18 de julio de 1936. Al respecto se recomienda leer el libro de Ferran Gallego, “La crisis del antifascismo: Barcelona, Mayo 1937” de la Editorial Debolsillo. Marzo.2008.

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