Art. de Opinión: El brazo del Leviatán, crítica y apuntes sobre la nueva ley de Policía Nacional

Rodolfo Montes de Oca

El 19 de abril de 2008, en la gaceta oficial nº 5.880, el ejecutivo nacional promulgo el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional. Con el oprobioso aval de algunas ONG’s y el oportuno silencio de los opositores mediáticos del chavismo. Esta ley fue decretada como parte de la política de control social y para poner un supuesto freno a las actividades delictivas en el país, que en 10 años de gestión bolivariana se han incrementando de manera nunca antes vista por estos predios.

Es por ello, que adentrándome desde sus orígenes (inseguridad) hasta sus desperfectos, he redactado este escrito que busca desenmascarar y poner en evidencias un dispositivo jurídico que en vez de traer soluciones solo servirá de excusa para la reestructuración del nuevo brazo punitivo del Leviatán.

Eso que llaman  “Inseguridad

Para comenzar tenemos que decir que la  crisis actual del postfordismo y del Estado de Bienestar, en su versión yanki o boliburguesa, ha traído consigo un cambio profundo en las formas de concebir y ejecutar el control social. Esto ha sido posible gracias a la creación de un ambiente de inseguridad ciudadana, producto de una mercantilización de la vida, de una banalidad de deseos y sobre todo por la envidia y codicia que desde el poder se estimula en las personas. He allí el caldo de cultivo para que Venezuela se haya convertido en una de las regiones con más alto índice de criminalidad.

La inseguridad y todo lo que de ella deriva (miedo, autocontrol de los ciudadanos, no-disfrute de los espacios publicos, auto-encarcelamiento en sus viviendas por parte de la población civil) degenera inevitablemente en un estado de incertidumbre que silencia y mantiene a la sociedad aislada en una dinámica de terror auto-impuesta. Es por ello, que la delincuencia en Venezuela es usada como un órgano de control social, más que como un posible problema a solventar.

La estigmatización de determinados grupos sociales (tuckis, pobres, malandros) se ha aunado con una oportuna gestión del miedo. La criminología actual, cada vez más alejada de consideraciones resocializadoras, degeneró hasta apostar decididamente por el control punitivo del delito, más que por incidir en sus causas, teniendo como resultado que prefiera finiquitar el conflicto con la exclusión permanente (reclusión) del posible “infractor”  más que por opciones de reintegración social. Es en este nuevo escenario que se inserta el proyecto bolivariano de creación de la Policía Nacional.

En pocas palabras y para continuar con nuestro análisis, debemos decir que la inseguridad actual en Venezuela fue una condición generada por el gobierno que sirve de excusa para la implantación de un órgano de represión altamente tecnificado, que evitase cualquier posible brote contestatario dentro de las comunidades cada vez mejor organizadas, bajo la excusa de combatir la inseguridad

Criticas

Este macroproyecto de seguridad alberga en su interior una serie de contrariedades y falsos preceptos que solo buscan ser soluciones temporales a un conflicto que se desborda, es por ello, que para su compresión he decidido separar las criticas en 3 módulos, para su mejor discusión.

1- Los falsos principios de esta ley

Lo ridículo suele ser parte de la retórica de esta sociedad del espectáculo; así, en el Art. 11 de la Ley de Policía Nacional, se establece que el cuerpo de policía actuará con apego a los derechos humanos, lo cual representa un mordaz insulto a la inteligencia, pretendiendo que un brazo represivo y ejecutor del Estado garantizará los derechos de los ciudadanos, cuando es publico y notorio que para el “eventual cumplimiento” de sus actividades de custodia necesitara en la práctica violentar algunos de estos “derechos” en vísperas de evitar “males mayores” o posibles delitos, como bien lo establece el  nº 2 del articulo 4 de la citada ley.

Por su parte los artículos 13 y 14 ejusdem, establecen los principios de Universalidad e Igualdad, así como el de Imparcialidad del órgano de control con relación al colectivo social, lo cual representa una incongruencia y una falacia retórica debido a que se implanta en un sistema socio-cultural que se cimienta en la desigualdad social entre los incluidos y los excluidos del sistema, es decir, la “igualdad” como valor universal es inviable en una sociedad de clases y en el cual la propiedad privada es protegida por el estado. Por consiguiente la nueva policía nacional no opera de conformidad con la “imparcialidad” e “igualdad” que predica porque siempre habrá preferencia en determinados grupos sociales.

2-La Institucionalización de la Represión

Los juristas del Estado son claros en sus pretensiones y en lo que buscan con sus dispositivos legales. El articulo 4 de la Ley de Policía Nacional en su nº 1, establece como uno de los fines de la policía el de “garantizar la paz social”, esta es entendida como la continuación inalterable del actual estado de las cosas y de los pilares que lo sostienen. Es decir cualquier tendencia o grupo que, bien sea por la vía abierta de la lucha armada o de las ideas, pretenda contrariar este orden será automáticamente criminalizado por este organismo.

En el artículo 9 de la Ley de Policía Nacional, se establece una ridícula relación simbiótica entre las comunidades y los consejos comunales con la policía nacional. Enmascarado en una difusa correlación de información, solo generar una distorsión de principios que llevará a convertir los grupos y organizaciones comunitarias en comités de inteligencias que sirvan para reprimir las comunidades que supuestamente dicen representar. Esto es reforzado por el art. 11, que establece la cooperación total entre ambos grupos, o la del art. 16, que nos habla de una posible “participación ciudadana” que no se especifica de qué forma y cómo será. La delación sigue siendo una virtud en el Estado bolivariano.

Tan extendida es la mentira en estas tierras que en el Capitulo IV, bajo el rotulo de “control de gestión y la participación ciudadana” (Art. 77, 78, 79 y 80) se establece una supuesta contraloría social por parte de los Consejos Comunales a través de la “elaboración de planes y programas referidos a la seguridad ciudadana” (Art. 78 ejusdem), lo que en las actuales circunstancias es letra muerta, dada la poca operatividad de los consejos comunales que se encuentran sumergidos en las propias dinámicas locales de subsistencia, subyugados por el control monetario que ejerce el gobierno sobre ellos.

En el articulo 34 de la citada ley, en su capitulo I de las atribuciones comunes de los cuerpos de policía, el nº 2 establece: “proteger a las personas y comunidades, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para la integridad física, sus propiedades y sus habitantes”, enunciado susceptible a múltiples interpretaciones, constituyéndose en la nueva caja de Pandora, donde se esconde el control total y absoluto de la sociedad. ¿Qué se puede determinar como una amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para la integridad física, sus propiedades y sus habitantes?, prácticamente cualquier conducta no convencional -sin necesidad de ser abiertamente sediciosa ni remotamente insurreccional- puede considerarse como “amenaza”, es decir, desde un joven haciendo un graffiti hasta una manifestación para exigir al gobierno local que repare las calles pueden ser entendidos como situación riesgosa para la seguridad nacional, o alocada incitación al delito.

3- Al mando del Rambo Bolivariano

La Ley de Policía Nacional establece como órgano rector de la nueva institución, al Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), actualmente bajo el mandato del tristemente celebre Ramón Rodríguez Chacin, una suerte “súper agente del proceso” compinche directo del “gatillo alegre” de la IV Republica, Henry López Sisco, notorio por las matanzas de Cantaura, Yumare y El Amparo. Esta ley busca reagrupar a todas las policías municipales, estadales y judiciales del país bajo una sola estructura al mando del MIJ, pero excluyendo de ella a la policía política de la IV y V Republica, la DISIP, celebre por tropelías contra los activistas sociales y que reiteradamente ha sido usada como instrumento de represión contra la protesta colectiva.

Otra incongruencia latente es que la ley establece un Consejo General de Policía, compuesto por el ministro, gobernadores, alcaldes y la Defensoría del Pueblo, como si de un conclave se tratara. Aunque en teoría es un buen paso, sabemos que la práctica anti-federativa de nuestras relaciones sociales hace casi inviable dicho Consejo General. El federalismo en Venezuela es retórica populachera usada por los oportunistas de siempre para acceder algún puesto de mando.

Tiranos que sonríen en campaña electoral

Si en algo se dan la mano los políticos chavistas y de oposición es en sus ansias de controlar lo incontrolable, sus vocingleras campañas prometen mano dura contra la delincuencia y “tolerancia cero” contra lo que llaman  “delitos menores” (pegar afiches, manifestar sin permiso, grafitear una consigna o apedrear un cajero) con esto y con eventuales proyectos de policías pretenden controlar un eventual estallido social que cada día se hace mas latente, porque saben que de él no recogerán nada provechoso para sus aspiraciones personales, porque la falsa dicotomía entre ambos bandos se reduce a una toma eventual del poder político para disfrutar de sus dadivas. Como decimos algunos: son dos caras de la misma moneda.

Ellos, los de siempre, a quienes solo les importa la campaña electoral, no pretenden cambiar las situaciones que generan la “inseguridad” porque saben que para erradicar de raíz lo que la sociedad considera como delito tendrían que echar al traste todo el sistema sociopolítico actual y ese reto solo los anarquistas tenemos disposición de asumirlo. Mientras te sonríen desde la publicidad electoral y buscan tu voto, ellos preparan los grilletes con que te encadenaran.

Soluciones

La criminalidad es un fenómeno sociocultural propio de los sistemas capitalistas de producción y de manejo de los bienes. La  ley vino a sustituir lo que en el pasado era la “guerra”, que no es más que la invasión del dominio ajeno (no solo en su sentido territorial). Esto sumado a la consolidación de los Estados, la demarcación de fronteras y del trabajo asalariado como única fuente “honesta” de acceder a mejores condiciones, son las mezclan infalibles que generan el coctel de la delincuencia

El delito siempre estará presente en las sociedades de desigualdad e injusticia, su erradicación es simplemente una falacia dicha por algunos para tener un puesto salidor en cargos ejecutivos o legislativos. El temor y el miedo que genera la inseguridad son las armas que pretenden usar como excusa para controlar la sociedad con el fin ultimo de mantener el status quo. Ni  nuevas policías, ni cámaras de seguridad, ni mejores armas acabaran con la delincuencia cuando las razones que la generen se mantienen inalterables. Solo una transformación total y absoluta de las condiciones del vivir colectivo podrá generar  nuevas situaciones donde la “delincuencia” ya no sea un problema.

Es público que desde siempre el anarquismo ha tenido una perspectiva a contracorriente sobre el fenómeno delictivo; eso no es nada nuevo, sobre todo porque nuestra idea es el antagonismo total al Estado y a sus leyes que solo buscan preservar una estructura de opresión. Es por ello que muchas veces nuestra lucha ha tomado caminos que el poder autoritario se complace en tildar de “delictivos”. Sabemos que esa ley busca de manera indirecta perjudicarnos como anarquistas, hoy somos calumniados como “pequeños burgueses” pero sabemos que mañana seremos presentados como “criminales” que solo buscan acabar con la “paz social” que dice defender la nueva policía nacional. Por supuesto, no nos quedaremos en silencio y seguiremos luchando por que la tortilla se vuelva.

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